Fogasa y la garantía del trabajador sobre los salarios e indemnizaciones adeudados por la empresa

Todo trabajador/a cuya empresa ha echado el cierre, haya solicitado concurso de acreedores, entrado en quiebra o se declare insolvente, tiene la garantía de que va a cobrar, al menos una parte de la cantidad que la empresa le adeuda.

El organismo que garantiza el percibo de cuantías impagadas por las empresas es el FOGASA  ( Fondo de Garantía Salarial).

Las únicas excepciones en relación con los trabajadores que pueden acudir a dicho Fondo son los socios de cooperativas de trabajo asociado y los empleados del hogar. Estos no están respaldados por el FOGASA.

La función que asume el FOGASA es por tanto la de realizar el pago de las cantidades tanto salariales como indemnizatorias a que tienen derecho los trabajadores, si bien no en pocos casos este Organismo ni siquiera abona la cuantía total reconocida.

Si es este su caso, se verá ud. obligado a presentar una demanda para pedir o bien el total o bien parte de la cantidad no abonada.

Al respecto, recordar que en todos los supuestos en que la empresa le deba alguna cantidad, el Fondo tan solo abonará el salario y/o la indemnización  hasta unos límites, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en su propio decreto regulador.

Aprobado el salario mínimo interprofesional para el 2019 por Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, en virtud de los artículos 18 y 19 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, se fija como tope, para las cuantías tanto de las indemnizaciones como de los salarios a abonar por el FOGASA, el doble de del Salario Mínimo Interprofesional incluidas las pagas extras en:

  • Salario mínimo interprofesional diario para 2019 (SMI): 30,00 EUROS
  • Doble del SMI diario, con prorrateo de extras: 69,86 EUROS
  • Límite Salarios: 8.383,20 EUROS
  • Límite Indemnizaciones: 25.498,90 EUROS.

En la misma línea el FOGASA no abonará los conceptos de pluses de distancia, transporte, vestuario, quebranto de moneda, desgaste de útiles , herramientas, dietas, complementos de incapacidad temporal ni otros de naturaleza indemnizatoria.

Otra excepción a tener en cuenta en los pagos de FOGASA  son las indemnizaciones reconocidas en conciliación administrativa que sean distintas a las reconocidas en un expediente de regulación de empleo.

FOGASA también debe ceñirse a su propio procedimiento administrativo y plazos para resolver las peticiones dirigidas a este.

Este plazo es de 3 meses, transcurridos estos la petición se debe considerar admitida, es el denominado silencio positivo, a favor de quien lo reclame, si bien las sentencias no siempre admiten esta presunción en positivo a favor del empleado/a.

Pues bien, a pesar de lo explícito de la ley, este tema ha sido tratado en diversos sentidos por los Tribunales, mientras unos estiman las reclamaciones del trabajador/a otros no.

El caso que vemos hoy con un sentencia es el de una trabajadora que, tras haber obtenido una sentencia a su favor donde se le reconoce el derecho a percibir la cuantía de una indemnización por despido y de los salarios de tramitación devengados hasta la fecha de la sentencia, FOGASA  finalmente le abona estos en una cuantía muy disminuida en relación a la que le fue reconocida.

Presentada demanda por la perjudicada, al tratarse de un nuevo procedimiento, este recayó en un juzgado de lo social diferente, siendo la demanda desestimada tanto en el juzgado como en el Tribunal Superior de Justicia, teniendo que recurrir la trabajadora en vía de Casación en unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Social.

No será sino hasta que llega al Tribunal Supremo cuando ve reconocido su derecho a percibir el total de los salarios de tramitación reconocidos por sentencia, abono que debió haber efectuado el FOGASA dentro de los límites señalados.

Todo ello en base a doctrina unificada del Tribunal Supremo, entre ellas se citan las de 6 de julio de 2017, 27 de septiembre de 2017, y de 16 de enero de 2018.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de 8 de mayo de 2018, rec. nº 2618/2017.

 

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