Saber que hay cámaras en mi trabajo ¿conlleva asumir que pueden despedirme?

La instalación de videocámaras por las empresas en sus  centros de trabajo pueden responder a distintos motivos, la seguridad,evitando robos, control de entradas y salidas, ó control del cumplimiento de los deberes inherentes al contrato de trabajo por sus propios trabajadores.

La motivación de los empleadores suele venir originada en gran medida tras comprobar, al finalizar el año, que se han producido irregularidades ó pérdidas en un centro de trabajo concreto, este es el caso de un supermercado.

El trato que ha dado el Tribunal Constitucional en sentencias como, la nº 29/2013, de 11 de febrero, es declarar la ilegalidad de la instalación por una empresa de cámaras de video-vigilancia, siendo el contenido de las grabaciones la prueba de la causa del despido de un trabajador.

Hoy veremos el caso de una empleada de DIA, que es grabada comiendo un producto del supermercado en horas de trabajo, constando esta como una de las causas en el Convenio Colectivo como causa de incumplimiento de contrato de trabajo.

El Juzgado Social desestima la demanda por despido, si bien el Tribunal Superior de Justicia califica el despido como nulo, con condena a la empresa a la inmediata readmisión con abono de los salarios dejados de percibir por la empleada desde la fecha del despido.

El caso llega al Tribunal Supremo, instado el recurso por la empresa, en vía de recurso de casación en unificación de doctrina.

La cuestión se centra en valorar una prueba obtenida mediante videocámara a los efectos de acreditar los hechos imputados al empleado y que justificarían su despido.

Se trataron para su resolución doctrina jurisprudencial del TC, en sentencia nº 29/2013, de 11 de febrero, que se asienta que”es nula toda sanción impuesta en base a una única prueba, lesiva de un derecho fundamental”, en el supuesto enjuiciado se obtuvieron las imágenes en el exterior del centro de trabajo.

En sentencias como la del TS de 13 de mayo de 2014, se evocaba a su vez esta doctrina, quedando acreditado el hecho de que la empresa no concretó a los trabajadores que la finalidad de la instalación  era la de controlar posibles incumplimientos de contrato.

Una reciente sentencia del TC nº 39/2016, de 8 de abril, recogía otro supuesto en que no se comunicaba a los trabajadores su instalación “como señala la STC 186/2000, de 10 de julio, el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 LET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo. Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen,…que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4)”.

Resuelve el Tribunal Supremo la cuestión y estima el recurso que la empresa interpone, inclinándose por la segunda de las doctrinas expuestas , y descarta una vulneración de derecho fundamental del art. 18 de la CE, de la intimidad de la empleada, en base a que se utilizó la prueba ahora discutida respetando las notas de proporcionalidad e idoneidad asentadas por la doctrina constitucional, resultando su uso apropiado, así como que “la consecución de su objetivo se ha ajustado a las exigencias razonables de respeto a la intimidad de la persona al tiempo que no le crean una situación de indefensión pues los actos por lo que sanciona tiene lugar en un marco de riesgo asumido”.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo nº 630/2016, de 7 de julio de 2016.

 

Sentencia relacionada:

*Caso Bershka.

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de 3 de marzo de 2016. Pleno. Recurso de amparo 7222-2013. Ver sentencia

*Despido disciplinario. El fin de la instalación de la cámara de seguridad no excede del estricto ámbito laboral, de control del cumplimieto de las obligaciones de los empleados.

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 77/2017 de 31 Ene. 2017, recurso nº 3331/2015.

Foto:unplash