La prestación por maternidad ¿es rendimiento del trabajo ó está exenta del pago del IRPF?

Tras años resolviendo negativamente la Agencia Tributaria reclamaciones de ciudadanas de devolución de la cuantía abonada en concepto de IRPF anual, por los ingresos percibidos durante la situación de baja por maternidad, llega ahora una pionera sentencia, en este caso del Tribunal de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, para dar la razón al tema.

Una mujer presenta recurso de suplicación frente a la resolución de la Agencia Tributaria que denegaba la devolución de esa cuantía pagada en el año 2009, año en que se produce el hecho imponible, en este caso, la situación de maternidad, y por tanto del año de la declaración de la renta controvertida.

Es de señalar que se trata de una única sentencia, por lo que no sienta jurisprudencia, de ahí que deba entenderse estimada la pretensión no a la generalidad de mujeres que percibieron la prestación de maternidad estos últimos cuatro años-ya que más allá habría prescrito su derecho a reclamarlo-sino a la concreta ciudadana que reclamó su devolución dos años atrás.

Se trata de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, nº 810/2016, de 6 de julio de 2016, recurso nº 967/2014. Ver sentencia

Además de lo expresado, aún está pendiente por resolver la cuestión en última instancia y por tanto de manera definitiva por el Tribunal Supremo.

El legislador añade un tercer párrafo al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en aquel amplía la exención de pago de este impuesto, sin hacer distinción alguna al origen de su pago, y con ello exime a las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

Dice textualmente el párrafo tercero que “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, pudiendo por ello entenderse incluido el percibo de las prestaciones provenientes de cualquier tipo de entidad, ya sea pública o privada, consideración esta que hace el TSJ de Madrid para argumentar su resolución.

La resolución estimatoria de la reclamación de la ciudadana trabajadora nace tras tres años desde que se dictara por la AEAT una nota informativa aclaratoria donde expresamente excluye de exención de IRPF a casos como este, de prestaciones por maternidad, y que por tanto delimita la exención   a las percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

De conformidad con la nota extendida deberían entenderse como rendimientos de trabajo-de entre los señalados en el artículo 17.2 a) de la LIRPF- a las retribuciones por concepto de  prestación por maternidad satisfechas por la Seguridad Social.

Ahora solo falta ver qué decide el Tribunal Supremo, si continua la línea argumentativa del TSJ o se aparta y finalmente desestima la demanda de la trabajadora, en uno u otro caso, es razonable esperar que continúen las reclamaciones para la devolución de este impuesto ante los Tribunales.

Para poder reclamar la devolución el procedimiento a seguir es primero realizar la oportuna solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos.

En segundo lugar, tras la previsible denegación de Hacienda de la solicitud, debe agotarse la vía administrativa,la cual finalizaría con una reclamación económico-administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Regional.

Llegado a este punto, si se han desestimado sucesivamente nuestras pretensiones, procede ya iniciar la vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Procedimiento como vemos algo largo y repleto de trámites, que llevó dos años a la trabajadora, si bien ahora ha visto cómo estimaba por vez primera un Tribunal su reclamación.

Recientemente, se ha dictado sentencia por el Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo de fecha 3 de octubre de 2018 que finalmente declara exenta de pago del IRPF a las prestaciones de maternidad percibidas por  mujeres por esta causa.

Además, aquellas personas que soliciten la devolución a Hacienda de este impuesto podrán hacerlo siempre que no el pago se realizara no más allá de los 4 años anteriores a la firmeza de la sentencia, es el llamado efecto retroactivo.

 

Normativa relacionada:

-Artículo 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF:

“h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo:

“1.Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

Se incluirán, en particular:

a) Los sueldos y salarios.

b) Las prestaciones por desempleo.

c) Las remuneraciones en concepto de gastos de representación.

d) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan.

e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones previstos en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, o por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos por la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, y en su normativa de desarrollo, cuando aquellas sean imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá carácter voluntario en los contratos de seguro colectivo distintos de los planes de previsión social empresarial, debiendo mantenerse la decisión que se adopte respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del contrato de seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. Cuando los contratos de seguro cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad, será obligatoria la imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad, siempre que el importe de dicha parte exceda de 50 euros anuales. A estos efectos se considera capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en todo caso, la imputación fiscal de primas de los contratos de seguro antes señalados será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

a) Las siguientes prestaciones:

1.ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.

2.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

4.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.

En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de esta Ley.

5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.

Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.

6.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados.

7.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

b) Las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento.

c) Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.

d) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

e) Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

f) Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.

g) Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remuneración de servicios personales.

h) Las becas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.

i) Las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por entidades sin ánimo de lucro.

j) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial.

k) Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de esta Ley.

No obstante, cuando los rendimientos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado anterior y los derivados de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y de la relación laboral especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de actividades económicas”.

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Ver Ley completa

 

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