Tras ser despedido, si solicito extinguir mi contrato ¿cobraré salarios de tramitación?

La ley recoge la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo a solicitud del propio trabajador/a en aquellos casos en que por ejemplo la empresa incumpla con sus obligaciones, tal es el caso de una empresa que deja de abonar el salario pactado durante unos meses.

En este momento se iniciaría por el empleado/a la acción de extinción voluntaria del contrato,   que permite el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Más tarde puede suceder que la empresa proceda a despedir al trabajador/a, en tal caso ambas acciones se resolverán en un mismo procedimiento.

En el caso que vemos hoy una empleada interpone  la segunda de las acciones, por considerar que se produjo un despido tácito, esto es, concurre aquí la falta de expresión verbal o escrita de la voluntad de la empresa de despedir al empleado/a, y al día siguiente interpone demanda de extinción del contrato.

Concurre además en este caso una especial complejidad dado que la discusión se centra en si hay salarios de tramitación en los casos de despido improcedente cuando siendo imposible la readmisión por encontrarse cerrada la empresa, la propia sentencia que califica el despido declara también estar extinguida la relación laboral.

 El Juzgado de lo Social no recogió el derecho a dichos salarios de tramitación. Sin embargo el TSJ resuelve a favor de la trabajadora.

Llevado el asunto al TS éste centra la hermeneusis del artículo 11o en las siguientes, según la a su vez, interpretación del TSJ de Galicia, de 28 de noviembre de 2014 (rec. 3386/2014) :

Su interpretación literal no justifica paralizar los salarios de tramitación a la fecha del despido, ya que según el art. 56 ET , la indemnización se calcula considerando la fecha del despido, no la fecha de la sentencia de improcedencia.

Su interpretación sistemática lo vincula a los efectos procesales del despido disciplinario, arts. 279 y 284 LRJS, de condena a los salarios devengados hasta la fecha del auto extintivo de la relación laboral.

La interpretación finalista ratifica las anteriores conclusiones, pues al estar la empresa desaparecida, no podría optar por la indemnización, aplicándose así los arts. 279 y 284 LRJS , que consolidarían dichos salarios.

El FOGASA se va a oponer por vulneración del ET, en sus arts. 33, y, de la LRJS, en sus arts. 23.2 y 23.3, 110.1.b.

Entiende dicho Organismo que no cabe optar por la readmisión cuando la empresa está cerrada y que, si aquella es imposible, carece de sentido que se devenguen salarios de tramitación.

A pesar de admitir el Tribunal que del artículo 110.1 LRJS no deriva la obligación de abonar salarios de tramitación cuando el despido improcedente es indemnizado, distinto es que “podamos llegar a la conclusión de que sí procede su pago a partir de la aplicación analógica de lo previsto en otros preceptos sobre opción tácita de la empresa por la readmisión ( art. 56.3 ET ) y ejecución de sentencia por despido improcedente cuando no se produce la readmisión ( arts. 286 LRJS )”.

Finalmente el TS desestima el recurso que presenta FOGASA y condena al pago de los salarios de tramitación devengados.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 676/2016 de 19 Julio de 2016, Recurso nº 338/2015.

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