Un centro de trabajo que pasa a ser propiedad del Banco ¿cómo afecta a sus trabajadores?

Un hotel contrata un préstamo hipotecario con una entidad bancaria, y tras el impago del mismo le es adjudicado al banco.

Los trabajadores anteriormente habían sido objeto de una suspensión de sus contratos de trabajo, siendo finalmente despedidos por el establecimiento hotelero mediante carta donde se reconoce la improcedencia de los mismos. Dice la carta así:

“por la presente les comunicamos la decisión de esta empresa de despedirle con fecha de 31 de mayo de 2010 en base a los siguientes hechos:

Primero.- Que se ha extinguido el contrato de explotación que unía a la mercantil …..SA donde ud. tiene su contrato de trabajo y el anterior propietario del Hotel … debido a la ejecución hipotecaria del Banco ….sobre el mencionado Hotel.

Segundo.- Que como consecuencia de esta ejecución hipotecaria es el Banco…el nuevo propietario y explotador del Hotel…. donde ud. presta sus servicios ya que en la actualidad el Banco…. realiza labores de limpieza, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones del Hotel para su posterior explotación.

Por estos motivos, la empresa se ve en la obligación de rescindir su contrato por despido reconociendo la improcedencia del mismo con fecha 31 de mayo de 2010 rogándole firme la presente como acuse de recibo.”

Siete trabajadores demandan al grupo de empresas, dictando finalmente el Juzgado de lo Social sentencia estimando la nulidad del despido, y considera que concurre la excepción de falta de acción y legitimación pasiva opuesta por el Banco, al que absuelve. Condena al hotel y solidariamente a las sociedades del grupo a readmitirles y a abonarles los salarios de tramitación, y también a la Administración Concursal de la empresa y al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por la declaración.

El planteamiento de la cuestión sobre si existe o no sucesión de empresa derivado de la adjudicación en procedimiento hipotecario a la entidad prestamista del inmueble ocupado por el establecimiento hotelero donde los trabajadores demandantes habían venido desempeñando su actividad laboral, es lo que va a determinar la responsabilidad de una entidad u otra y cumplir con las consecuencias que los despidos de los trabajadores acarrean, recogidas en el artículo 44 del ET, en la redacción dada por la Ley 12/2001, de 9 de julio.

Los trabajadores recurren  ante el Tribunal Superior de Justicia, en vía de suplicación, la sentencia dictada por el Juzgado, y  declara al Banco solidariamente responsable junto con los demandados de las consecuencias derivadas de los despidos, por considerar que se produjo la sucesión del artículo 44 ET, ” sostiene, en síntesis, reiterando resoluciones propias en idéntico sentido, que lo que realmente se garantizó en el contrato de préstamo fue la explotación hotelera, deduciéndolo así, tanto del contenido de la inscripción registral de las fincas hipotecadas y de la diligencia de embargo, como del hecho de que el inmueble adjudicado, según se asegura, era susceptible de ser explotado de manera inmediata al contar con la infraestructura necesaria para ello, como, en fin, de que los bienes muebles embargados a instancia de un tercer acreedor nunca llegaron a salir del Hotel.

Frente   a la esta sentencia del TSJ el Banco recurre en vía de casación unificadora, ante el Tribunal Supremo, al amparo del art. 222 LPL/1995 en relación con su art. 205.e), por considerar infringidos los artículos 44 y 51.11 del ET. Presenta como contradictoria o de contraste la sentencia de 23 de noviembre de 2004 (RCUD 6432/2003) por la misma Sala Cuarta del TS. En ella se rechaza la existencia de sucesión empresarial tras la venta judicial del inmueble en que la empleadora, tras declararse concurso necesario,habiendo el Comisario de la quiebra dado posesión del inmueble al acreedor hipotecario que la había adquirido, quien por otro lado, no se hizo cargo de los enseres ni de la maquinaria existentes en el establecimiento.

Aceptada por el Tribunal la divergencia en el signo de los pronunciamientos que el artículo 219 LJS requiere para ser consideradas “contradictorias” en sentido legal, tras comparar ambas resoluciones y comprobar las identidades de hechos, fundamentos y pretensiones admite el recurso.

Destaca el TS en relación con los inmuebles y muebles de las entidades concursadas y embargadas que “en ambos casos la propiedad de los inmuebles pasó a la entidad crediticia o al pertinente adjudicatario, no así la de los bienes muebles, enseres y maquinaria que habían resultado necesarios para la explotación y desempeño de la respectiva actividad. Concretamente, en la sentencia  recurrida los bienes muebles fueron embargados y gran parte de ellos adjudicados a un tercero”.

Por todo lo anterior argumenta que “en ninguno de los casos consta acreditado que permaneciera viva y en funcionamiento normal la actividad empresarial ni que se produjera la entrega completa y efectiva del conjunto total de los elementos esenciales de la industria a los nuevos propietarios de los inmuebles.

A su vez, entiende el Tribunal que “no se opone a esta sustancial identidad -en contra de lo que aducen al respecto los trabajadores en su escrito de impugnación- el hecho de que en el caso de la recurrida la escritura hipotecaria pueda describir la actividad hotelera e incluso los bienes y enseres ubicados en el inmueble, como tampoco incide en la contradicción la intención del prestatario sobre el destino del préstamo, porque, a tales efectos, como vimos, lo determinante no es sino, por un lado, la garantía -los inmuebles- propia y consustancial de ese tipo de préstamo -idéntica en ambos casos-y, por otro, la ausencia de continuidad en la actividad empresarial -igual también en los dos supuestos-, sin que quepa entender como tal el mantenimiento temporal de determinados servicios de vigilancia o seguridad de las instalaciones, a los que parece aludir el ordinal vigésimo tercero de la declaración de hechos probados de la recurrida. Procede, por consiguiente, entrar en el estudio y decisión de la controversia que con el recurso se nos plantea”.

A nivel comunitario, la Directiva 2001/23//CE del Consejo de 12 de marzo de 2001, añade como requisito para una sucesión empresarial  que la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria -art. 1.b)-, pues solo a partir del cumplimiento de esa condición esencial puede empezarse a discutir sobre el alcance de aquella transmisión sobre los derechos de los trabajadores.

Continúa el Tribunal afianzando la doctrina de la Sala al afirmar que “la tradición jurídica de esta Sala ha exigido en la interpretación y aplicación del artículo 44 ET que concurrieran los dos elementos o requisitos subjetivo y objetivo consistentes respectivamente en la sustitución de un empresario por otro en una misma actividad empresarial y en la transmisión del primero al segundo por cualquiera de los medios admitidos en derecho de los elementos patrimoniales necesarios para continuar la actividad empresarial -por todas SSTS 3-10-1998 (Rec.-5067/97),15-4- 1999 (Rec.-734/98),25-2-02 (Rec.-4293/00),19-6-02 (Rec.-4225/00),12-12-2002 (Rec.-764/02),11-3-2003 (Rec.-2252/02) con cita de otras muchas anteriores-, aun cuando en relación con la necesidad de transmitir elementos patrimoniales se haya introducido recientemente una modificación de criterios en relación con las empresas de servicios en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -STS 27-10-2004 (Rec.-899/2002)-. En relación con ello procede constatar que el indicado Tribunal comunitario ha señalado como elemento fundamental para determinar si existe o no sucesión empresarial el de que se haya transmitido una entidad económica organizada de forma estable, o sea, que se haya producido la transmisión de un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objeto propio y cómo la realidad de aquella transmisión garantista puede deducirse no solo de la transmisión de elementos patrimoniales sino del hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, que se haya transmitido o no la clientela o del grado de analogía entre las actividades ejercitadas antes y después de la transmisión -SSTJCE 18-3-1986, Asunto Spijkerso19-5-1992, Asunto Stiiching,10-12-1998 Asunto Sánchez Hidalgo,2-12-1999 Asunto Allenyotros, 24-1-2002 Asunto Temco, entre otras -. En definitiva, hoy lo importante y transcendental es que se haya producido aquella sustitución subjetiva de empresarios o entidades, lo que habrá que concretar en cada caso a partir de las particulares circunstancias concurrentes” (FJ 2º,STS 23-11-04).

Finalmente el TS estima el recurso de casación en unificación de doctrina, aun admitiendo que en la fecha de transmisión del inmueble continuaban vigentes los contratos de trabajo, en situación de ERTE, y argumenta que “es evidente que, precisamente, la ausencia de transmisión del resto de los elementos que resultan imprescindibles para que la explotación hotelera pudiera continuar y permanecer “viva” -lo que, como vimos, sucedía con todo la maquinaria, enseres y bienes muebles en general, que habían sido subastados y en gran medida adjudicados a un tercero, pero que en ningún caso pertenecía al Banco-, determina que no pueda reconocerse aquí la existencia de una sucesión empresarial, y no existe norma interna o comunitaria alguna que obligue al simple adjudicatario de un inmueble en un procedimiento hipotecario a reponer por su cuenta todos y cada uno de tales elementos, incluidos los suministros de gas, electricidad, etc, por más que el propio edificio, en su estructura y dotación arquitectónica, pueda estar específicamente habilitado para la actividad hostelera”.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del BANCO PASTOR, S.A. contra la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Málaga, en recurso de suplicación nº 1051/2011, la que casamos y anulamos en parte; y, resolviendo en trámite de suplicación el recurso de tal naturaleza interpuesto en su día por dicha empresa, debemos revocar y revocamos aquella resolución en cuanto la condenaba, absolviéndola, pero manteniendo el resto de sus pronunciamientos. Sin costas.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, recurso 4138/2011, de 7 de noviembre de 2012.  Ver sentencia

Foto:unplash