Las tasas judiciales son nulas por obstaculizar el derecho al libre acceso a la justicia

Tras la introducción de las tasas judiciales por Ley, concretamente la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, artículo 4, fue durante unos años obligatorio que todas las personas que querían presentar un recurso en los Juzgados social, civil y contencioso-administrativo, abonaran primero una  tasa, si no la pagaban no podían acceder a la justicia.

Este artículo tuvo que ser modificado a través del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, artículo 11.

Pero esta modificación comentada incluía  tan solo la exención de pago para las personas físicas, no a las personas jurídicas que no obtuvieran el beneficio de justicia gratuita. Esta noticia la recogimos en el artículo Tasas judiciales y exenciones de pago.

Quedaba pendiente de recaer sentencia tras haber presentado un recurso de inconstitucionalidad frente a dicho articulado ciento nueve diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, en el año 2013, y ahora en el mes de julio de 2016 ha sido doctada sentencia por el Tribunal Constitucional, el cual declara la inconstitucionalidad y nulidad del  art. 7, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los siguientes incisos:

«En el orden jurisdiccional civil:

Apelación:  800 €;

Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €»;

«En el  orden jurisdiccional contencioso -administrativo:

Abreviado: 200 €;

Ordinario: 350 €;

Apelación: 800 €;

Casación: 1.200 €»; y

«En el orden social:

Suplicación: 500 €;

Casación: 750 €»; con los efectos indicados en el anterior  fundamento jurídico 15.

A su vez declara la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7, apartado 2, de la Ley  10/2012, de 20 de noviembre, con los efectos indicados en el anterior fundamento jurídico 15.

Fundamento Jurídico 15 de la sentencia del TC:

Este último fundamento jurídico de la Sentencia ha de servir para concretar el alcance que se deriva de las declaraciones de inconstitucionalidad formuladas hasta ahora:

a) En primer lugar, supone la nulidad del apartado 1 del art. 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los distintos incisos que prevén, de manera separada, las cuotas fijas siguientes, en este caso a las personas jurídicas:

(i)  la de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso  contencioso-administrativo ordinario;

(ii) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil;

(iii) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros  para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo;

(iv) así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

b) Y en segundo lugar, se declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas, recogida en el apartado 2 del mismo art. 7de la Ley recurrida.

Respecto de ambos pronunciamientos de nulidad, procede aplicar la doctrina reiterada de este Tribunal en cuya virtud,«en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren “debemos traer a colación, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa-esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme» [SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril,FJ 4].

En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.

Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la Hacienda Pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban,  es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado,  que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”.

Es la sentencia del Tribunal Constitucional, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado nº 973/2013. Ver sentencia

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