Firmar el finiquito no impidió reclamar la indemnización por despido

La contratación de personal laboral, no funcionario, para realizar trabajos en la Administración Pública es bastante habitual, estos trabajadores/as pueden ser contratados a lo largo de varios años, generalmente a través de diferentes contratos temporales, como es el de interinidad por sustitución de otro empleado/a con derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

Lo que puede suceder a la hora de extinguir la Administración el contrato con aquellos es que estos reclamen su condición de fijeza o la naturaleza indefinida de su contrato de trabajo.

Así ocurrió en el caso que veremos hoy, en que un trabajador, vigilante de seguridad de profesión, desempeñó durante trece años esta función.  Los contratos se iban sucediendo a lo largo de los años, todos ellos de naturaleza temporal, con motivo de la sustitución de otros empleados de la empresa.

Así sucede hasta que la empresa le comunica  a través de fax  la finalización de los servicios para la empresa. Al día siguiente la empresa le entregará un documento de liquidación y finiquito, que  es firmado.

El empleado acude al Juzgado de lo Social, el cual declara la improcedencia del despido y condena a la empresa a readmitirlo en su puesto de trabajo o alternativamente abonarle la indemnización.

No conforme con la decisión del Juzgado presenta la empresa recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual vuelve a negar el valor liberatorio al finiquito firmado por el empleado, decisión basa en el hecho de que el día anterior a la firma del documento de saldo y finiquito, la empresa ya había notificado al trabajador una carta de extinción de la relación laboral por fin de contrato, con lo que no se desprende ninguna voluntad consensuada de extinción por mutuo acuerdo de la relación laboral, siendo además que ni tan siquiera se contempla en aquel documento referencia alguna a la cantidad que pudiere haberse abonado al trabajador en concepto de indemnización.

Finalmente la empresa acude al Tribunal Supremo en vía de recurso de casación en unificación de doctrina porque considera que negar el valor liberatorio a la firma del finiquito conculca pronunciamientos anteriores del propio Tribunal Superior de Justicia, concretamente de Castilla y León.-Valladolid, de 30 de diciembre de 2005 (rec. 2018/2005 ). En esta se reconoce valor liberatorio al documento de saldo y finiquito, por ser los términos del documento suscrito por el trabajador meridianamente claros, tratándose de una persona capaz que no puede desconocer su significado, no apareciendo causa alguna que permita considerar la concurrencia de vicios del consentimiento.

Sin embargo el TS considera que la sentencia que recurre considera como “mero recibo de liquidación de haberes pendientes a la extinción de la relación laboral, que no demuestra voluntad alguna del trabajador de aceptar esa rescisión y renunciar al ejercicio de acciones judiciales de despido, cuando se le había ya notificado previamente la resolución del vínculo laboral por parte de la empresa, lo que excluye cualquier posible mutuo acuerdo, y ni tan siquiera se le ofrece el pago de cantidad alguna en concepto de indemnización, pese a la abultada suma que le correspondería en caso de declararse la improcedencia del acto extintivo (…)”.

Elementos concurrentes que son los que llevan al TSJ a considerar que no estamos ante un acuerdo transaccional válido y liberatorio para la empresa, “en la medida en que únicamente se abonan al trabajador las cantidades salariales que se le adeudaban y estaban devengadas, sin que nada justifique la ausencia de cualquier tipo de indemnización, o al menos, de alguna referencia explícita a la voluntad expresa del trabajador de renunciar a la posibilidad de reclamarla, en un supuesto en el que la relación laboral se viene sustentado desde el año 1998 en múltiples contratos formalizados dudosamente como temporales, lo que supone tanto como admitir que el trabajador estuviere renunciando gratuitamente, a cambio de nada, a la posibilidad de demostrar la naturaleza indefinida de la relación laboral para solicitar el pago de la correspondiente  indemnización, siendo evidente la alta probabilidad de tener éxito en el ejercicio de esa acción…”.

 

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 28 de abril de 2016, 353/2016, recurso número 1899/2014.

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