Plazo máximo para reclamar diferencias salariales no cobradas durante mi incapacidad temporal

En los casos en que un trabajador/a es dado de baja médica por caer en la situación de incapacidad temporal, puede darse la circunstancia que veremos hoy, que, tras un año y nueve meses de IT pasa a serle reconocida la incapacidad permanente. La cuestión surge en este momento, cuando repara en que la empresa ha abonado una cantidad inferior a la debida en concepto de prestación por incapacidad.

A la hora de reclamar las diferencias por prestaciones de incapacidad temporal no abonadas por la empresa ¿cuál debe ser el plazo de caducidad a aplicar a un empleado/a que se dispone a reclamar la cuantía total por la que debió cotizar la empresa en el período en que se mantuvo en situación de incapacidad temporal?.

En un primer estudio por el Juzgado de lo Social, se estima la demanda del empleado al considerar que reclamó dentro del plazo establecido para ello en el artículo 43.1 de la Ley General de la Seguridad Social, el cual lo fija en cinco años por ser este un derecho ya reconocido el que reclama.

Sin embargo es el Tribunal Superior de Justicia el que revoca la sentencia por considerar la acción instada caducada por transcurso del plazo de un año desde que se hace efectiva la última prestación por la contingencia de IT, todo ello en base al artículo 44.2 de la LGSS, somete entonces el derecho a percibir cada mensualidad al plazo de caducidad de un año al respectivo vencimiento, por tener el demandante reconocida y percibida la prestación. Es decir, caducaría en noviembre de 2009, ya que se hizo efectiva la última prestación por la IT en noviembre del año 2008, comenzando a percibir la prestación por IP en diciembre de 2008.

Es precisamente ante este cambio de interpretación respecto del plazo a aplicar a la acción de reclamación de diferencias de IT frente al que se presenta u recurso de casación en unificación de doctrina por parte del empleado, el cual basa en una indebida aplicación del  artículo 44.2 de la LGSS-plazo de caducidad de un año- inaplicando, en consecuencia, lo normado en el artículo 43.1 de la LGSS , que fija un plazo de prescripción de cinco años,para ejercitar el derecho al reconocimiento de prestaciones.

Es el Tribunal Supremo el que resuelve la cuestión, basada en la previa resolución de la misma por la sentencia de esta Sala de 24 de octubre de 2005, CUD número 1918/2004 , invocada por el recurrente como sentencia de contraste, y que estableció lo siguiente:

“Para el estudio de esta infracción hay que tener en cuenta que en la Ley General de la Seguridad Social se regulan dos instituciones en orden a la extinción de los derechos de Seguridad Social: la prescripción, a la que se refiere el artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social , y la caducidad, regulada en el artículo 44. En nuestro ordenamiento la distinción entre prescripción y caducidad suele vincularse a algunas de sus características en orden a su curso (exclusión de la interrupción en la caducidad) y a su apreciación (a instancia de parte la prescripción y también de oficio la caducidad).

Pero la diferencia fundamental se relaciona con el interés jurídicamente protegido en cada una de estas instituciones y así se afirma que mientras en la prescripción predomina el interés individual del sujeto pasivo en oponerse a un ejercicio tardío del derecho, en la caducidad está presente el interés general en la rápida certidumbre de determinadas situaciones jurídicas. Desde esta perspectiva, la distinción de los artículos 43 y 44 de la Ley General de la Seguridad Social resulta problemática, hasta el punto que se ha cuestionado que realmente estemos en el caso del artículo 44 ante una auténtica caducidad, porque en el supuesto que regula este artículo no está afectada la certidumbre de una situación jurídica.

En efecto, estamos realmente ante un derecho de Seguridad Social reconocido y que va a seguir estándolo, aunque transcurra el plazo establecido por la norma para su caducidad, con lo que el empleo de este término por la ley más que un sentido técnico jurídico tiene una finalidad indicativa más próxima al lenguaje ordinario que identifica la caducidad con la pérdida. De lo que se trata no es, por tanto, de un derecho potestativo que caduca por su no ejercicio, sino de un pago vencido que se pierde por no haberse cobrado oportunamente, lo que es algo muy distinto. Así el artículo 44 se refiere al derecho al percibo de una cantidad a tanto alzado (número 1) o de una mensualidad (número 2), es decir, que, pese a la inseguridad de la terminología (“derecho al percibo”), se pierden cantidades y no derechos, aunque por la naturaleza de la cantidad perdida en el número 1, el derecho quede vacío de contenido.

Pero lo verdaderamente interesante es diferenciar el supuesto del artículo 44 -pérdida del derecho al percibo– del supuesto del artículo 43 -pérdida del derecho a la prestación-.

La diferencia está clara y hay que interrogarse sobre la finalidad perseguida en cada una de las normas, que, a su vez, han de relacionarse con la finalidad de protección social, que es propia de nuestro sistema de Seguridad Social.

Es obvio que para la Seguridad Social no tiene la misma importancia la pérdida de un pago que la pérdida de un derecho, y no la tiene, porque mientras que la pérdida de un derecho compromete de forma irreparable la finalidad última del sistema, que es la protección de una situación de necesidad, en la pérdida de un pago esta finalidad no está comprometida, pues subiste el derecho a las mensualidades no caducadas, y además se parte de que esa situación de necesidad no sería tan apremiante si, teniendo el derecho reconocido, el beneficiario no ha reclamado su abono.

Esta distinción es básica para afrontar el tema debatido, pues para que juegue el supuesto del artículo 44 es esencial constatar la pasividad del beneficiario, al no exigir el pago de un derecho reconocido. Ahora bien, cuando lo que se discute es una diferencia en el importe de la pensión que no ha sido incluida en el acto inicial de reconocimiento, es evidente que se reclama contra una falta de reconocimiento de una parte del derecho y no contra la falta de pago de un derecho ya reconocido. Estamos, por tanto, en el supuesto del artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social -prescripción de cinco años- y no en el supuesto del artículo 44 -plazo de un año”-.

Finalmente, tras fundamentar la sentencia en los argumentos señalados, el TS estima el recurso presentado por el trabajador.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 4 de febrero de 2014, recurso número 1173/2013.

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