Qué ocurre con un despido declarado nulo si la empresa cierra

Una empleada que disfrutaba de la baja por maternidad recibe la notificación de su despido, alegando la empresa causas económicas.

Tras acudir a los Juzgados para demandar a la empresa por despido, al cual califica de nulo por vulneración de derechos fundamentales, el Juzgado de lo Social declara nulo el despido de la trabajadora.

Se da la circunstancia de que, al haber cerrado la empresa a la fecha de la celebración del juicio, el juzgado entiende que dada la imposibilidad de producirse la readmisión de la empleada, queda extinguida la relación laboral.

Es por ello que condena a la empresa a pagar una indemnización, sin que haya lugar a salarios de trámite.

La trabajadora recurre la sentencia dictada en base a una falta de cumplimiento de lo establecido en caso de despido nulo, ya que una vez se constata el cierre de la empresa y la consiguiente falta de viabilidad de la readmisión de la empleada en la misma, la condena que recaiga debe incluir no sólo a la indemnización sino a los salarios de tramitación.

Así lo estabe el artículo 193 c) de la LJS, cita a su vez los artículos 110.1 b) en relación con los artículos 55.5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores, y 108.2, 113 y 286 de la LJS.

Entiende la recurrente que no cabe aplicar analógicamente el régimen del despido improcedente al nulo, devengándose con ello unos salarios de trámite desde que se produce el despido hasta la fecha de la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia  interperta que no excluye el abono de los salarios de trámite una no readmisión en el puesto de trabajo, al no existir una norma que así lo prevea como sería preciso al tratarse de una interpretación limitativa de derechos de los trabajadores. Conforme a los artículos 55.6 del ET y 103 de la LJS.

Argumenta esto último así:

“En suma, de no haberse acordado los trámites para evitar un incidente por no readmisión, el mismo se hubiera llevado a cabo y en el auto resolutorio dictado en ejecución de  sentencia se hubiera calculado la indemnización a fecha de auto extintivo así como la cuantificación de los salarios de tramitación desde la sentencia hasta la fecha de dicho auto.

La economía procesal que supone adelantar la consecuencia de la ejecución a fecha de la sentencia, con la monetización del despido, por imposibilidad ya a fecha de la sentencia de la readmisión, beneficia fundamentalmente al empresario, y tal proceder no puede dar lugar a la pérdida de un derecho del trabajador.

Dicho de otro modo, no pueden verse mermados los derechos de los trabajadores como consecuencia de la anticipación de la declaración de extinción de la relación laboral.

La ley, tanto el art. 56 del ET como el 110 de la LRJS, omite los efectos que tienen lugar cuando el cierre empresarial consta en el relato histórico, con lo que es inviable la opción por la readmisión, supuesto en el que entendemos que de forma analógica procede la aplicación de los arts. 286.1 (“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281 “) y art. 281.2 LRJS, entre otras razones porque se haría de peor condición a esta trabajadora que a aquellos otros trabajadores que se les hubiera extinguido su relación en ejecución de sentencia, cuando era imposible la readmisión tanto antes como después de dictarse sentencia.

Es decir, de seguir la interpretación de la sentencia de instancia, ante una causa igual de extinción de la relación laboral, unos trabajadores percibirían salarios de trámite y la actora no.

En suma, consideramos que la actora ex art. 286 LRJS tiene derecho a los salarios de tramitación desde la fecha de efectos del despido hasta la fecha de la sentencia en que se declara extinguida la relación laboral (vid STS 6-10-2009 RJ 5660)”.

 

Es la sentencia 3200/15 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 17 de diciembre de 2015, recurso número 2943/14-L.

 

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