Normas o acuerdos que pueden eliminar mi paga extraordinaria

El objeto de la cuestión de inconstitucionalidad que se planteó ante el Tribunal Constitucional, y que tratamos hoy, es si el cumplimiento de una norma con carácter retroactivo, en este caso del  artículo segundo del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, puede vulnerar la Constitución, tal y como así, entendió la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Desde que entrara su regulación en vigor, la Administración  dejó de abonar la paga extraordinaria de Navidad al total de su personal laboral que prestaba servicios en este Ayuntamiento, recayendo como hemos dicho, el motivo de plantear la cuestión, en que la aplicación de la norma, que entraba en vigor el 14 de julio, no debía respetar el derecho a la paga extraordinaria devengada hasta el momento por los trabajadores, ya que de lo contrario, podría haberse vulnerado un principio reconocido por la Constitución Española y que es el de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales -artículo 9.3-.

Previamente, la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias había presentado demanda de conflicto colectivo frente al Ayuntamiento de Corvera, ya que, tras aprobarse el Real Decreto-ley 20/2012, el Ayuntamiento no había abonado a su personal laboral la paga extraordinaria de Navidad del mes de diciembre de 2012.

La demanda solicitaba el reconocimiento del derecho  del personal laboral a percibir las cantidades que, en concepto de paga extraordinaria de Navidad de 2012, correspondiera por los servicios prestados con carácter previo a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 —esto es, el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 14 de julio de 2012— y, subsidiariamente,  caso de considerarse semestral el devengo de las pagas extraordinarias, a las cantidades correspondientes al período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012.

Por su parte, el Juzgado de lo Social 1 de Avilés estimó parcialmente la demanda declarando el derecho de los trabajadores a “ser repuestos en el abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada hasta la entrada en vigor del RDL 20/2012, es decir, del período devengado del 1 de julio al 14 de julio de 2012″, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración. Sentencia de 4 de septiembre de 2013.

El Tribunal Constitucional aclara que, en el Auto de 10 de enero de 2014, y tras repasar los antecedentes del caso, el órgano judicial afirma hacer suyos los razonamientos plasmados en el Auto 16/2013, de 1 de marzo, dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, mediante el que, según indica, se elevó cuestión de inconstitucionalidad idéntica a la ahora planteada, por lo que transcribe tales razonamientos del señalado auto 16/2013, sintetizando los siguientes argumentos que destacamos –antecedente número 3- :

“b) Tras recordar la doctrina constitucional sobre la prohibición de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales prevista en el art. 9.3 CE (SSTC 112/2006 y 89/2009), y a efectos de proceder a su aplicación, el Auto sienta el presupuesto de que estamos ante un derecho individual en el sentido dado por el Tribunal Constitucional a esta expresión, y ello, porque los derechos retributivos pertenecen a la esfera general de protección de la persona y se consagran en el art. 35 CE, en que se reconoce el derecho a la remuneración suficiente (lo que en principio se correspondería con el salario mínimo interprofesional), pero también el derecho al trabajo, siendo una de las notas esenciales su carácter remunerado. De hecho, señala que, en coherencia con esa concepción de la retribución como derecho que pertenece a la esfera general de protección de la persona más allá de su cuantía mínima interprofesional, el Tribunal Constitucional ha admitido su encaje en el supuesto de hecho del art. 9.3 CE, haciendo referencia al respecto a la STC 330/2005 y al ATC 162/2012. Por lo dicho, concluye que en el caso se cumple el presupuesto del art. 9.3 CE de que nos encontremos ante derechos individuales amparables por el principio de interdicción de retroactividad. (…)

d) Asimismo, el Auto considera que dicha retroactividad carece de justificación habilitante, no apreciando exigencias cualificadas del bien común que, según la doctrina constitucional, podrían imponerse excepcionalmente (STC 197/1992). Al respecto considera que esa excepción a la prohibición de retroactividad debe interpretarse de forma restrictiva y que no cabe extenderla a toda medida de interés general. En particular, entiende que la reducción del déficit público no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria para sacrificar el principio constitucional de seguridad jurídica que sustenta la irretroactividad, en aras del bien común, y que es el interés general lo que se ataca cuando se niega, a quienes han prestado sus servicios, el derecho a percibir el salario correspondiente. Hace referencia, igualmente, a algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (SSTC 247/2007 y 89/2009) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que considera que se mantiene una concepción realmente cualificada del «interés general», y señala que la pretensión de reducir el gasto público, por muy urgente y necesaria que sea, no constituye sin más un «bien común» que abra la puerta a exceptuar los básicos principios constitucionales de irretroactividad y seguridad jurídica; principios constitucionales que sí cabe identificar, en cambio, con el interés general de los ciudadanos. (…)

f) Por todo lo expuesto, la Sala concluye que el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, en su aplicación al personal laboral del sector público, ha podido vulnerar el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, previsto en el art. 9.3 CE, dado que establece la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «sin introducir excepción alguna respecto de las cuantías ya devengadas al momento de su entrada en vigor (en nuestro caso, desde el 1 de julio de 2012)». Por parte del Auto se añade que se plantea tal duda de constitucionalidad porque el citado precepto es aplicable al caso y el fallo depende de su validez”.

El Alto Tribunal pasa a analizar si la norma cuestionada contiene un grado de retroactividad permitido por el art. 9.3 CE a la luz de la doctrina constitucional que se sintetiza.

Y llega a la conclusión de que resulta obvia la supresión por la norma de un efecto jurídico ya agotado, en tanto derecho incorporado definitivamente al patrimonio de los trabajadores, a quienes la aplicación retroactiva de la norma obligaría a la devolución de parte de los salarios ya percibidos, pues como afirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias se devengan día a día (…)  incorporándose la cuantía de cada jornada al patrimonio del trabajador, y ello con independencia de que su efectiva percepción tenga lugar en el último mes del período (salario devengado pero de percepción diferida).

De este modo, privar al trabajador de la cantidad correspondiente a dicho período, supondría la restricción injustificada de un derecho individual, que como tal prohíbe el artículo 9.3 CE.

Recuerda el TC la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2013 (caso N.K.M. c. Hungría), que declaró la vulneración de un precepto del Convenio, por un acto de privación de la cuantía de una indemnización, por cuanto que se había devengado la cantidad pero no se percibió, tras el cese de una funcionaria, expresándolo así:

“«los bienes» en el sentido del citado art. 1 son «bienes existentes» o activos, en los que el solicitante puede tener por lo menos una «expectativa legítima» de que ésta se realizará. Y entiende que en el caso ahora examinado sí existía esa expectativa legítima conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al tratarse de cantidades de devengo diario”.

Se hará también una referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al no rechazar la posibilidad de una actuación extraordinaria por parte de los poderes públicos para que:

“en atención a la excepcionalidad de determinadas circunstancias o exigencias del bien común, pueda dotarse de eficacia retroactiva máxima a una normativa privativa de derechos. Sin embargo, tal hipótesis no puede suponer un aval genérico para que con esa excusa el poder público pueda conducirse apartándose de una expresa previsión legal, añadiéndose que el art. 33 CE impide la expropiación de bienes o derechos por causa de utilidad pública o interés social si no se acompaña de un justiprecio.(…) los compromisos meramente posibilistas contemplados en la norma relativos a genéricas aportaciones a futuros fondos carecen de la mínima concreción para que les alcance el calificativo de justo precio debido. Es más, aquellas intenciones parcialmente reparadoras se refieren a la supresión de las cantidades a devengar a lo largo de todo el semestre y no específicamente al período al que se concreta la cuestión de inconstitucionalidad, en tanto que se centra exclusivamente en el periodo ya devengado, y en concreto, en el transcurrido durante las fechas comprendidas entre la correspondiente al inicio del cómputo del devengo de la paga extraordinaria y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 (15 de julio de 2012).

La línea de argumentación que, sin embargo, sostiene el Abogado del Estado es la siguiente:

“aún en el caso de que se considerase que la norma supone una retroactividad auténtica, concurrirían excepcionales circunstancias de interés público que la justificarían. Recuerda en este sentido que, de conformidad con la doctrina constitucional (STC 173/1996, de 31 de octubre) y con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (Sentencia de 26 de abril de 2005), pueden refutarse conformes con la Constitución modificaciones con cualquier grado de retroactividad cuando existieran claras exigencias de «interés general». Aplicando tal doctrina al presente caso, considera que la medida cuestionada encontraría su justificación en un interés público relevante, como lo es el de la necesidad de realizar fuertes ajustes presupuestarios en el marco de una crisis económica sin precedentes, siendo la reducción de las retribuciones prevista en el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 una medida extraordinaria de «contención de gastos de personal» que tiene por finalidad «contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea».

En tal sentido, se hace referencia a lo indicado al respecto en el preámbulo y exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2012 y en el debate de convalidación de la norma, así como a los datos ofrecidos en los sucesivos informes anuales del Banco de España de 2008, 2009, 2010 y 2011. También se señala que este Tribunal no se ha mostrado ajeno a la gravedad de la crisis económica que atraviesa la zona euro, habiéndose hecho eco de la profunda crisis presupuestaria en diversas resoluciones (singularmente, entre otros, en el ATC 160/2011, de 22 de noviembre). Teniendo en cuenta todo lo anterior, se afirma que en la senda de consolidación fiscal pactada con los órganos de la Unión Europea, España se ha visto obligada a una fuerte reducción del déficit del 8,9 por 100 del PIB en 2011 al 6,3 por 100 en 2012, lo que ha exigido adoptar importantes medidas de reducción del gasto público. Se recuerda, asimismo, que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que vincula a todos los poderes públicos.

(…)en el presente caso existía un motivo concreto de interés general —evitar que España tuviera que ser objeto de un rescate financiero por la Unión Europea—, y que en realidad no asistimos a una reducción del sueldo de los empleados públicos, sino a una «congelación» de la paga extra de diciembre con previsión de su satisfacción en ejercicios futuros a través de aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que cubran la contingencia de jubilación. En definitiva, se concluye diciendo que ante el interés público a que se trata de atender, resulta absolutamente proporcionado que únicamente se exija como sacrificio a los particulares el aplazamiento temporal del abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días 1 a 15 de julio.”

Finalmente, el TC no entra al fondo de la cuestión por cuanto que la cuestión de inconstitucionalidad queda extinguida por el abono del Ayuntamiento demandado de las cantidades reclamadas al personal laboral:

“Como consecuencia del abono de las cantidades señaladas al personal laboral del Ayuntamiento de Corvera, debemos remitirnos en esta resolución a lo dicho en nuestra STC 83/2015, de 30 de abril, sobre la posible pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, y en concreto, como hicimos en su fundamento jurídico 3, también ahora hemos de poner de relieve la innegable incidencia que la medida contenida en la disposición adicional duodécima de la Ley 36/2014, de presupuestos generales del Estado para 2015, tiene sobre la subsistencia del presente proceso constitucional.

En consecuencia, el referido abono por parte del Ayuntamiento de Corvera en concepto de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 determina la extinción de la presente cuestión de inconstitucionalidad, pues, «aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma cuestionada sigue siendo posible y esta plantea un problema constitucional de interés, ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refiere el art. 163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en toda cuestión de inconstitucionalidad» (por todas, STC 6/2010, FJ 3; y en el mismo sentido AATC 340/2003, de 21 de octubre, FJ único, y 75/2004, de 9 de marzo, FJ único)”.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,Ha decidido

Declarar la extinción de la presente cuestión de inconstitucionalidad por desaparición sobrevenida de su objeto.

Es la Sentencia 225/2015, de 2 de noviembre de 2015 de la Sala Primera.

Ver la sentencia.

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Cuestión de inconstitucionalidad 584-2014, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

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Conflicto colectivo. Supresión de pagas extraordinarias de 2013 y 2014 a personal laboral  de admministración y servicios de la Universidad de Barcelona por aplicación del Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 26 de febrero de 2013 y la Ley 1/2014 del Parlamento de Cataluña.

Las retribuciones ya devengadas antes de la entrada en vigor de esas normas no pueden ser objeto de minoración retroactiva.

En lo esencial, reitera doctrina SSTS de 9 diciembre 2015 (rec. 12/2015), 16 diciembre 2015 (rec. 13/2015), 17 diciembre 2015 (rec. 22/2015) la STS nº 20/2016, de 20 de enero (rec. 220/2014) y STS nº 29/2016, de 21 de enero (recurso 277/2013), entre otras.. Ver sentencia.