Acordar no aplicar la subida salarial prevista en Convenio ¿desde cuándo surte efecto?

La demanda de conflicto colectivo que veremos hoy se interpone por varios sindicatos ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tamto frente a la empresa como frente a su Comité de Empresa.

Los sindicatos  afectados impugnan el acuerdo de descuelgue salarial suscrito por ambos demandados, e instan a dictar sentencia por la que “se reconozca y declare la nulidad del Acuerdo de inaplicación del incremento salarial previsto en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad suscrito en fecha 30 de mayo de 2012, y la obligación de la empresa demandada de aplicar en el año 2012 el incremento salarial de 2,4% sobre todos los importes económicos del convenio que establece el vigente Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 2012-2014, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración.”

La Audiencia Nacional en sentencia de 25 de septiembre de 2013,  se pronunció de la forma siguiente: “Desestimar la excepción de caducidad.  Estimar la excepción de prescripción respecto de las acciones ejercitadas por FES-UGT y FTSP-USO y desestimarla respecto de FSPCCOO. Estimar en parte la demanda y  declarar la nulidad del acuerdo de descuelgue salarial respecto del periodo 1 de enero de 2012 a 30 de mayo de 2012”.

La empresa entiende prescrita la acción para impugnar el acuerdo, por haberse interpuesto la demanda transcurrido un año desde la suscripción del mismo, y consecuentemente desde que los trabajadores afectados, y consecuentemente legitimados para ejercer la acción, pudieron ejercitarla, todo ello en aplicación del artículo 59. 1 y 2 del ET .

Al respecto señala el Tribunal Supremo que en la sentencia recurrida, y en base la doctrina de esta Sala en sentencia de 10 de marzo de 2003, recurso casación 33/2002, es posible aplicar la prescripción de la acción para impugnar el acuerdo, a partir de que las partes legitimadas para efectuarlo tuvieron conocimiento del mismo. Si bien, ante la falta de prueba de que este Sindicato tuviese conocimiento de la existencia del pacto, antes de la publicación del acuerdo, la recurrente no combate por la vía adecuada la señalada afirmación fáctica de la falta de conocimiento del Sindicato del acuerdo antes de su publicación, desestimándose por tanto el motivo.

Otro motivo de recurso alegado por la empresa es el haberse estimado parcialmente la demanda a pesar de los demandantes no alegaran ni deducieran la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo impugnado, por lo que se ha infringido por inaplicación el apartado 4 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (en realidad sería el apartado 2 del artículo 83 del ET ), careciendo por ello la acción ejercitada -dice- de todo fundamento legal.

Por último la empresa denuncia la infracción del apartado 1 del artículo 86 del ET , por autorizar este a las partes negociadoras de una norma convencional a fijar su vigencia e incluso negociar su revisión, “pudiendo determinar, como lo ha hecho la empresa y el Comité de empresa, como órgano de representación de los trabajadores legitimado para la negociación del convenio de empresa, determinar la vigencia temporal del mismo, y han fijado la vigencia del acuerdo que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.
Tal concreción temporal del aplicación del acuerdo es plenamente ajustada a la ley, en particular al mencionado apartado 1 del artículo 86 del ET, y por lo tanto no estamos ante una vulneración del principio de legalidad, ni ante una retroactividad prohibida por la Ley.

La Sala del Tribunal Supremo argumenta había resuelto ya en sentido contrario al propugnado por la recurrente, en la reciente sentencia de esta Sala de 7 de julio de 2015, recurso de casación 206/2014 dictada en un caso análogo sobre un acuerdo de descuelgue por razones económicas en materia de jornada laboral anual y salario, del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, recurso interpuesto por la misma empresa recurrente.

En esta sentencia se argumentaba al respecto en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, lo siguiente :

SEGUNDO.- Sobre las causas de impugnación de los Acuerdos de modificación de las condiciones de los convenios colectivos o de “descuelgue”.
Alega la recurrente en este motivo de su recurso la infracción del artículo 82-3 del Estatuto de los Trabajadores , al entender que el Acuerdo de descuelgue sólo se puede impugnar por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

El motivo no puede prosperar porque la recurrente confunde las causas de impugnación del Acuerdo como tal con las de impugnación del contenido del mismo, cosa diferente. En efecto, el párrafo sexto del artículo 82-3 del E.T . establece, sobre este particular, lo siguiente: “Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”.

Este es el único mandato que la norma contiene sobre la impugnación del “acuerdo” y de su tenor literal se deriva que la existencia de “acuerdo” sobre la concurrencia de las causas que justifican el “descuelgue” da lugar a que se presuma, legalmente, la concurrencia de esas causas y que el “acuerdo” sólo se pueda impugnar por fraude, dolo u otros vicios “en su conclusión”.

Esta disposición nos indica que la ley distingue entre la validez del “acuerdo” por vicios “en su conclusión” y la validez de todas y cada una de las modificaciones convencionales y contractuales que en él se acuerdan, de forma que limita la posibilidad de impugnar el acuerdo por la no concurrencia de las causas que justifican las modificaciones que en el se conciertan, pero no restringe, ni recorta, la posibilidad de impugnar o rebatir la validez de las modificaciones acordadas así como la de pedir una interpretación de las mismas que se ajuste a lo dispuesto en la Ley.
De lo razonado se deriva que, como no se controvierte la validez del acuerdo por vicios en su conclusión, sino el alcance temporal de la modificación sustancial (reducción salarial) que en él se acuerda, no puede estimarse el motivo del recurso examinado, al no existir las restricciones impugnatorias que en él se alegan.

Sobre la posibilidad de retrotraer los efectos del descuelgue, su Fundamento Jurídico Tercero señala:
El recurso alega la infracción de los artículos 84-2 y 86-1 del Estatuto de los Trabajadores , preceptos que dan plena libertad y autonomía a los negociadores de los convenios colectivos para fijar la vigencia de sus pactos y preferencia aplicativa a los convenios de empresa, lo que autorizaría la retroactividad de las modificaciones retributivas y de jornada laboral acordadas.

Pero el motivo examinado no puede prosperar, porque la recurrente olvida que no estamos ante un convenio colectivo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia, cual requieren y autorizan los artículos 85-3-a ) y 86-1 del E.T ., sino ante un simple acuerdo, por el que se concierta la inaplicación del ciertas condiciones del convenio colectivo de aplicación, lo que comporta que los efectos temporales del acuerdo, su vigencia, sea distinta por existir limitaciones que los negociadores de ese pacto deben respetar.
En efecto, el artículo 82 del E.T. establece la eficacia vinculante de los convenios colectivos “durante todo el tiempo de su vigencia” en su apartado nº 3 en el que, como excepción, regula la posibilidad de inaplicar algunas de las condiciones previstas en el convenio siempre que concurran las causas que establece y que esa inaplicación del convenio se acuerde en el procedimiento allí regulado. Pero en ningún momento el precepto estudiado autoriza a los negociadores del pacto modificativo a fijar una vigencia de ese concierto diferente a la que resulta de la aplicación del convenio que se modifica en parte, novación que no tiene carácter extintivo. La única norma que se contiene en el artículo 82-3 sobre la vigencia del pacto novatorio es la que limita su duración a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo que sea aplicable en la empresa.
Es cierto que el artículo 82-3 del E.T . que se viene estudiando no limita expresamente la posibilidad de dar eficacia retroactiva al pacto modificativo, pero la existencia de esa restricción legal está implícita en el texto de la norma que empieza estableciendo que el convenio colectivo obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación “durante todo el tiempo de su vigencia”. De ese mandato se infiere que el convenio colectivo es de forzosa aplicación mientras no se acuerde su parcial inaplicación, así como que esa inaplicación, el descuelgue o apartamiento de lo en él acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda. El “descuelgue” o apartamiento del convenio colectivo es algo que como su propio nombre indica sólo produce efectos desde el momento en que se acuerda la inaplicación de la norma convencional, actúa hacia el futuro, como dijimos en nuestra sentencia de 6 de mayo de 2015 (RO 68/2014 ) en supuesto diferente y evidencia el hecho de que la norma hable de las nuevas condiciones aplicables en la empresa y su duración, por cuanto al obligar a fijar “las nuevas condiciones… y su duración”, la norma se está refiriendo a la permanencia en el tiempo de lo nuevo, lo que indica la imposibilidad de retroacción de efectos porque lo nuevo es antónimo de lo antiguo y la norma nueva sólo es aplicable a partir de su creación. Y es lógico que así sea porque el convenio colectivo regula las condiciones del trabajo que se va a realizar, el futuro, pero no los derechos ya nacidos y consumados por pertenecer ya al patrimonio del trabajador. Cierto que el convenio colectivo puede disponer de los derechos de los trabajadores reconocidos en un convenio colectivo anterior (art. 82-3 del E.T ., en relación con el 86-4 del mismo texto), pero tal disposición no le faculta a disponer de los derechos que ya se han materializado y han ingresado en el patrimonio del trabajador.”

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión y desestima los recursos de Casación interpuestos por las representaciones letradas de la empresa “ARIETE SEGURIDAD, S.A.” y de la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA (FTSPJ-USO) , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 25 de septiembre de 2013 (procedimiento 313/2013), en virtud de la demanda interpuesta por la FEDERACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FeS-UGT), la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE COMISIONES OBRERAS (FSP- CC.OO) y la FEDERACIÓN y la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA (FTSP-USO), sobre Conflicto colectivo”.

Es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 16 de septiembre de 2015, Recurso número 110/2014.