Justicia gratuita. En qué momento debe solicitarse

El Tribunal Constitucional, Sala Segunda, entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos legales, y por ello declara nulas la resolución de la Comisión de Asistencia Justicia Gratuita y el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo impugnados.
El primero denegaba la asistencia jurídica gratuita y el segundo desestimaba la impugnación de aquella resolución por el solicitante de la justicia gratuita.

Se plantea ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por quien reclama el derecho a la asistencia jurídica gratuita en segunda instancia.

Tanto la CAJG como el Juzgado Contencioso-Administrativo deniegan la reclamación en base a que no lo había solicitado en la primera instancia, según redacción del artículo 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.:

No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente.

Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberán acreditar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella.

La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para interponer o seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia.”

En primer lugar el TC se pronuncia sobre la suficiente justificación por la recurrente de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo en base a la alegación de la propia recurrente sobre la necesidad de que este Tribunal “aclare y confirme el derecho a obtener justicia gratuita en cualquier instancia”.

Afirma el TC que interpretar el tenor del apartado segundo del artículo 8, constriñe su aplicación a los casos de merma de ingresos o de un empeoramiento de la fortuna después de iniciarse la primera instancia, descartando de tal forma otro tipo de circunstancias que también pueden tener cabida. Es doctrina del Alto tribunal que:  “La regla establecida en el art. 8 regula un supuesto especial, como es el que un ciudadano se vea obligado a solicitar el beneficio de justicia gratuita para actuar en segunda instancia de un proceso no habiéndolo necesitado en primera. La razón por la que no se haya necesitado para la primera instancia puede deberse a diversas causas; la disminución sobrevenida de medios económicos será, normalmente, la causa más común pero ello no impide –como tampoco lo hace el precepto aplicado– que el solicitante pueda esgrimir otros motivos para justificar que necesita el beneficio de justicia gratuita para actuar en una segunda instancia”.

Asimismo, tal y como determina el alto Tribunal, se alega en el recurso el gravamen adicional qeu conlleva la condena en cosas de la primera instancia ó la carga económica sobrevenida de pago de tasas en apelación que nace al interponer el recurso de apelación. Esto último no pudo haberlo previsto la ahora recurrente si bien la Ley 10/2012 entró en vigor tras iniciarse el proceso que ha desembocado en este recurso de amparo.

Es precisamente por haberse ignorado los argumentos esgrimidos por la recurrente por lo que el TC considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, habiendo realizado una interpretación restrictiva del derecho fundamental al acceso a los recursos legalmente previstos, en el caso que nos ocupa, el de apelación.

En definitiva, el TC no encuentra razonable la interpretación de la Comisión y por el contrario sí lo considera contrario al sentido de la finalidad de la norma, lesionando con ello el derecho a la justicia judicial efectiva en relación con el derecho a la asistencia gratuita. Tal Comisión no ha comprobado que concurran los requisitos necesarios para que la asistencia gratuita sea concedida, a tenor de los dispuesto en los preceptos 3 y 5 de la Ley 1/1996, “y sin que se ponderaran los argumentos esgrimidos por la recurrente ni sus circunstancias”.

Sentencia del Tribunal Constitucional.-

“FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña …., y, en su virtud:

1.º Reconocer el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, en su vertiente del derecho a los recursos legalmente previstos, en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia, art. 119 CE.

2.º Restablecer su derecho y, a tal fin, anular la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Cáceres de 11 de marzo de 2014, denegatoria del beneficio de justicia gratuita solicitada por la recurrente, así como el Auto de fecha 6 de junio de 2014 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cáceres, en procedimiento 97-2014, desestimatorio del recurso planteado contra la resolución señalada.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse la primera de las mencionadas resoluciones, para que se pronuncie otra respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos.”

Artículos relacionados.-

Artículo 24 de la CE.-

“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Artículo 119 de la CE.-

“La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

Artículo 3 de la LAJG. Requisitos básicos.-

“1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar:

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

3. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado.

5. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples.”

Artículo 5 de la LAJG. Reconocimiento excepcional del derecho.-

“1. En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente.

2. En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.

En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 6 son de aplicación al solicitante.”

Es la Sentencia del TC nº 124/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo 3834-2014.

 

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