Cámaras de video-vigilancia en el centro de trabajo. Legalidad

Debido al avance de la tecnología, está en pleno auge la cuestión acerca de si una empresa puede o no instalar una cámara de video en las instalaciones del centro de trabajo.

Más importante aún es poder concretar si  la previa comunicación por parte de la empresa a los trabajadores da plena legitimidad a la empresa para poder justificar un despido o una sanción disciplinaria con fundamento en la constatación de que el empleado ha incurrido en una infracción laboral, a raíz de un visionado de las grabaciones que la cámara instalada ha recogido.

Las cámaras pueden estar ya instaladas cuando el personal entra a trabajar en una empresa o bien puede el empresario decidir instalarlas en cualquier momento. En este punto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia nº 54/2015 analiza la finalidad de la instalación de la cámara así como el lugar donde se instaló para determinar que, la causa del despido de una empleada por imputación de sendas infracciones de tipo laboral, tras visionar las grabaciones, no justifican la legalidad del despido de aquella.

Entre otras razones, entiende la Sala de lo Social que no es idónea su instalación por el empresario, que bien pudo haber empleado otros medios para comprobar si su personal estaba incurriendo en incumplimientos de los deberes inherentes en una relación laboral, tales son el control exhaustivo de los cuadres de caja así como el control de un inventario de cada uno de los productos del quiosco.

Son sin embargo las sentencias del Tribunal Constitucional nº 29/2013 de 11 de febrero y nº 186/2000, las cuales entablan las bases para la consideración de una cámara de video-vigilancia como prueba válida en un juicio. Entre los requisitos está la concurrencia de la idoneidad de su uso, necesidad y proporcionalidad.

Por lo tanto, cuando de concretar la legalidad de la instalación de una cámara de video-vigilancia se trate, habrá que estar al caso concreto, como casi siempre ocurre en el derecho laboral, para poder justificar su relevancia y, que las grabaciones contenidas consigan la legitimidad y validez probatoria en un juzgado, necesarias de todo punto para poder imputar una infracción laboral al personal que haya sido grabado en su puesto de trabajo y que puede derivar en despido.

Sentencias relacionadas:

Caso Bershka. Pleno. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de amparo 7222-2013. Ver sentencia

Caso DIA. Sentencia del Tribunal Supremo 630/2016, de 7 de julio de 2016. Desestima la demanda por despido nulo presentada por la trabajadora captada por videocámaras.