Procesos de reestructuración de empresas. Ayudas

Para poder atender las situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, existen unas ayudas extraordinarias para los trabajadores, con el objeto de que puedan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.

Esto se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

*Beneficiarios de las ayudas.

Podrán serlo los trabajadores que sean despedidos por causa objetiva ó despido colectivo (artículos 51 y 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), y los trabajadores cuyo contrato de trabajo se extinga conforme a un procedimiento concursal (artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener una antigüedad mínima de dos años en la empresa o grupo.

Si el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial o fijo discontinuo, la antigüedad se computará de fecha a fecha, desde la fecha de ingreso en la empresa, hasta la fecha del despido.

2. Estar en situación legal de desempleo en el momento de la concesión de la ayuda.

No obstante lo anterior, a aquellos trabajadores que se encuentren incluidos en un plan de rentas de los previstos en el artículo 4.1 del real decreto, y que estén desempeñando una actividad remunerada en el momento de la concesión de la ayuda, se les podrá reconocer el derecho a la misma, pero se suspende el cobro de la misma hasta que el trabajador se encuentre en situación legal de desempleo, momento en el que lo cobrará pero tan solo por el periodo que le restase por percibir.

*Primer caso de una posible concesión directa por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al trabajador. Cuantía.

Si la extinción de la relación laboral ha tenido lugar en base al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, ó se ha decretado la insolvencia total o parcial de la empresa (conforme al artículo 276 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social) y se acredite que la empresa no ha pagado las indemnizaciones legales por despido, se podrán conceder directamente a los trabajadores despedidos, conforme a los artículos 51 ó 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, las siguientes ayudas de forma conjunta o para una única de las siguientes modalidades:

a) Una subvención a tanto alzado que no podrá superar una anualidad del salario del trabajador ni el importe anual de la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social.

b) Ayudas condicionadas a la suscripción por parte del trabajador del convenio especial con la Seguridad Social y destinadas a su pago, durante el periodo que se establezca, con un máximo de cuatro años, que podrán ser seis para aquellos trabajadores que se encuentren en la situación prevista en el párrafo segundo del apartado 1.e) de este artículo.

*Compatibilidad del cobro de las ayudas de posible concesión directa.

Estas ayudas son compatibles con las prestaciones a que tengan derecho los beneficiarios del Fondo de Garantía Salarial como consecuencia de la insolvencia de su empresa.

*Segundo caso de una posible concesión directa por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al trabajador. Cuantía.

Podrá concederse en régimen de pago único,  una cuantía equivalente a la reposición de las prestaciones contributivas por desempleo consumidas durante los periodos de suspensión de los contratos o de reducción de jornada a que se refiere el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no se tenga derecho a las mismas en virtud de cualquier otra norma.

*Solicitud.

-En aquellos casos en los que en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo se incluya la constitución de un plan de rentas, la solicitud se presenta conjuntamente, por la empresa y la representación de los trabajadores, ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

-En aquellos casos en que los trabajadores se vean afectados por una decisión empresarial de los artículos 64 de la LC ó 47 del ET,  la solicitud se presenta por la representación de la empresa, ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

*Formas de realizar la solicitud.

-Vía electrónica, en la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

-En el Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, calle Agustín de Bethencourt, número 4, 28003 Madrid.

-En cualquiera de los lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

*Plazo para presentar las solicitudes:

-En aquellos casos en los que en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo se incluya la constitución de un plan de rentas, el plazo es de tres meses desde que se produzca la extinción de los contratos de los trabajadores afectados por el despido colectivo, siempre que ésta se haya producido dentro de los dos años siguientes a la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo.

-En aquellos casos en que los trabajadores se vean afectados por una decisión empresarial del artículo 64 de la LC, el plazo es de dos meses desde el momento en que se produzca la extinción de los contratos de trabajo para las empresas en concurso de acreedores, o en su caso desde la declaración de insolvencia prevista en el artículo 276 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.

-En aquellos casos en que los trabajadores se vean afectados por una decisión empresarial del artículo 47 del ET, durante el mes en el que se agote la prestación contributiva por desempleo, o en los dos meses siguientes al mismo.

*Plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión de la ayuda.

-Tres meses, contados desde la recepción de la solicitud.

Transcurrido el referido plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

*Recurso frente a la desestimación.

Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

*Condición para conceder las ayudas.

Que exista disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio presupuestario.

*Incompatibilidad para cobrar la ayuda.

-Trabajadores que en el momento de la concesión sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

-Trabajadores  a quienes como consecuencia del mismo proceso de reestructuración se les reconozca una ayuda previa a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social.

Si bien las ayudas serán compatibles con la prestación contributiva por desempleo, en el caso de que se inclluya un plan de pensiones, la suma de la prestación contributiva por desempleo, más el importe del subsidio, no podrá superar el tope establecido anteriormente.

Las ayudas extraordinarias serán compatibles con las ayudas de análoga naturaleza que las Comunidades Autónomas u otras entidades públicas hubieran concedido o tuvieran previsto conceder, salvo que se superen los límites establecidos anteriormente, o que,  el total de las aportaciones públicas supere el 75% del importe total del plan de rentas.

*Datos y documentación a aportar con la solicitud.

En la solicitud se deberá incluir una memoria en la que se harán constar los motivos por los que se solicitan las ayudas, el número de trabajadores beneficiarios, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado de la misma, adjuntándose la siguiente documentación:

a) En el caso de despidos colectivos conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la que sea requerida en cada caso, según sus causas, salvo que el despido se hubiera sustanciado ante la propia Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

b) En los casos previstos en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, la documentación que acredite de forma fehaciente que se han cumplido los requisitos de los apartados a) y c) del artículo 53.1 de dicho texto legal.

c) En todos los casos, relación de los trabajadores para los que se solicitan las ayudas, indicando su número de afiliación a la Seguridad Social, número de documento nacional de identidad (DNI) y antigüedad en la empresa.

d) Asimismo, en todos los casos, boletines de cotización a la Seguridad Social en los que consten las bases de cotización de todos los trabajadores para los que se solicita la ayuda, referidas a los seis o doce meses, necesarios para el cálculo de la ayuda, anteriores al despido, salvo que se presenten los consentimientos de todos los trabajadores para los que se solicita la ayuda de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.

e) Documento en el que se acredite la conformidad individualizada de los trabajadores para acogerse a las ayudas. La presentación de dicho documento implicará la autorización al órgano instructor para que obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar entonces las correspondientes certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

f) Declaración responsable de no estar incurso el interesado en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

g) En el supuesto de la subvención a tanto alzado a que se refiere el artículo 4.2.a), deberá además presentar una declaración responsable de no haber percibido indemnización por despido por parte de la empresa.

h) En el supuesto de que la ayuda consista en el pago de una cantidad equivalente a la reposición de las prestaciones contributivas de desempleo a que se refiere el artículo 4.3, también se deberá adjuntar certificación del Servicio Público de Empleo Estatal acreditativa de la situación, cobertura y derecho de los trabajadores respecto de las prestaciones por desempleo, así como la documentación acreditativa del periodo de suspensión del contrato o reducción de jornada, salvo que la misma se hubiera presentado ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

i) En aquellos supuestos en que el trabajador finalice la actividad remunerada que dio lugar a la suspensión de la ayuda, solicitud de reinicio de la misma, que tendrá los mismos efectos que la conformidad prevista en el apartado e).

*Entrada en vigor.

El día 23 de noviembre de 2013. 

 

Es el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.