Silencio negativo de la Administración

El pasado 10 de abril de 2014 se ha dictado Sentencia por el Tribunal Constitucional -TC- resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad que presenta la Sala Segunda de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha.

Se cuestiona en ella la constitucionalidad del artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), por una posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española (CE).
El artículo 46.1 señala que, cuando se presenta una reclamación frente a la Administración, y finalmente, esta no responde, es decir, ni reconoce ni deniega el derecho que reclamas, queda abierta la vía del recurso contencioso-administrativo, si bien para presentar este tienes el plazo de 6 meses desde la fecha de la presentación de la reclamación.

La falta de resolución expresa por parte de la Administración frente a una reclamación, es lo que se denomina el silencio administrativo.

Argumentos a favor de la declaración de inconstitucionalidad.-

La Sala de lo C-Adm. del TSJ sostiene que no es acorde con la Constitución Española fijar un plazo para poder presentar un recurso administrativo cuando la causa de la interposición sea, a su vez, una ausencia de respuesta por parte de la Administración, porque conlleva poner al ciudadano obstáculos irrazonables y excesivos en el acceso a los Tribunales, dando como ejemplo otras sentencias que así lo entienden, como la SSTC 188/2003, de 28 octubre, y 220/2003, de 15 de diciembre.

Por otro lado considera una CONTRADICCIÓN el hecho de que frente a una defectuosa comunicación de un acto EXPRESO no se establezca un determinado plazo para recurrirlo, ya que el plazo no comienza en este supuesto a correr (artículos 57 y 58.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LJPAC)), y sin embargo, frente a la falta de contestación de la Administración se exija al administrado que interponga un recurso contencioso-administrativo en el plazo señalado en el art. 46.1. LJCA.

Argumentos en contra de la declaración de inconstitucionalidad.-

La Sentencia desestima la cuestión de inconstitucionalidad en atención al contexto normativo del precepto cuestionado y en especial, a las modificaciones del régimen jurídico del silencio administrativo que pudieron haber incidido en su interpretación.

Se centra en la última modificación de la Ley 30/1992 a través de la Ley 4/1999 que, por el contrario, no altera la redacción del artículo 46.1 LJCA. Esta última ley establece que, una ESTIMACIÓN por silencio administrativo se considera acto finalizador del procedimiento, mientras que una DESESTIMACIÓN por silencio administrativo no, siendo esta la que abre las puertas de la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Asimismo entiende que, al mantener el legislador la obligación de resolver que tiene la Administración, pudiendo de hecho estimar una reclamación del ciudadano, incluso después de que haya transcurrido el plazo legal para resolver, en aquellos supuestos en que ello implique entender desestimada la misma, no se le impide u obstaculiza el acceso a la jurisdicción.

Es decir, se considera que ni los solicitantes ni terceros interesados afectados por una desestimación por silencio de la Administración ven dañado su acceso a la jurisdicción del artículo 24.1 CE por el hecho de que la ley establezca un plazo máximo para que estos presenten un recurso contencioso-administrativo frente a la misma.

Esta Sentencia tiene un Voto particular que, en resumen establece que, en relación al artículo 46.1 LJCA “Esta limitación del derecho a la tutela judicial efectiva no guarda proporcionalidad con la finalidad perseguida de dotar de seguridad jurídica a las relaciones entre la Administración y los interesados. Por todo ello, la Sentencia debió estimar la cuestión de inconstitucionalidad.”

Recopilación de artículos analizados en la Sentencia del TC.-

El artículo 24.1 CE establece: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.”

A su vez, el artículo 46.1 de la LJCA establece: El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.”

El artículo 42.1 de la Ley 30/1992 (LRJPAC) establece: “La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.”

El artículo 42.2 de la Ley 30/1992 (LRJPAC) establece: “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.”

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (LRJPAC) establece: “ Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses…”

El artículo 43.3 de la Ley 30/1992 (LRJPAC) establece: “La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.”

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